La recientemente aprobada Ley de Seguridad Interior de la república mexicana constituye un muy buen ejemplo de lo que dice una ancestral frase popular: “El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”. La referida legislación, aunque en principio pretende hacer de México un lugar más seguro, está siendo bastante cuestionada por bastantes flancos.
Dicha ley fue aprobada el pasado 15 de diciembre a tempranas horas de la madrugada tras una maratónica sesión del Senado de la República. Desde que se conoció su entrada en vigencia, diversas instancias tanto de la sociedad mexicana como de la comunidad internacional han reaccionado con vehemencia en contra de su aplicación debido a la cantidad enorme de vacíos de que adolece respecto a una materia fundamental.
Esta legislación ofrece pocas garantías a los derechos humanos de los mexicanos.
A grandes rasgos, la Ley de Seguridad Interior hace extensivo a todo el territorio mexicano el manejo de la seguridad pública que se tiene en el estado de Sinaloa. En esta entidad federativa desde hace unas 4 décadas las tareas de seguridad ciudadana están en manos del ejército mexicano. Llama poderosamente la atención que a pesar del notorio militarismo con que se aborda esta problemática en Sinaloa, no se ha podido frenar el avance del crimen organizado y el narcotráfico en este estado. Este es uno de los principales argumentos contra la normativa aprobada la madrugada del viernes.
De la operatividad del ejército a escala nacional en cuestiones de seguridad pública, se desprenden otros puntos que la hacen visiblemente cuestionable. Abre la puerta a que los oficiales de las fuerzas armadas puedan ser partícipes de actos arbitrarios aduciendo que la ley los autoriza a hacer uso innecesario de la fuerza.
¿Cómo afecta esto a la vida civil en el país azteca?
De acuerdo con la normativa, a los militares se le otorgan poderes hipertrofiados en el marco de sus competencias en este respecto, ya que se les autoriza actuar de oficio en caso de protestas o disturbios. Asimismo se les coloca por encima del cuerpo policial de cada estado de la república y se otorga a la fuerza militar el control casi total de la información de inteligencia en lo atinente al combate del crimen organizado. A la vez queda prohibida la difusión de información que se considere relevante para los asuntos que clasifiquen como de “Seguridad Interior”.
A los ojos y punto de vista de diversas entidades, esta ley representa un retroceso en lo que respecta el respeto a las mínimas garantías y derechos fundamentales de los mexicanos. Las mismas han exhortado al gobierno de Enrique Peña Nieto a la derogatoria de la Ley de Seguridad Interior. En un comunicado oficial, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expuso lo siguiente:
“La ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria”.
Amnistía Internacional por su parte, fue mucho más directa con el gobierno mexicano al pedir la derogatoria de dicha ley en una carta que se envió al presidente. En la misma se enfatiza en los vacíos que presenta la normativa respecto al cumplimiento y garantía de los derechos humanos de los ciudadanos de México, al tiempo que pide al mandatario que reconsidere acerca de la vigencia de la ley: “Presidente Peña Nieto, ahora que tiene en sus manos esta ley tiene la oportunidad de rectificar las graves fallas en esta legislación y asegurar el respeto y protección de los derechos humanos en México”, reza en la carta de Amnistía Internacional al presidente.
A todas luces, la legislación propuesta por el Estado mexicano se anticipa como una continuidad estéril de una política de fuerza bruta en contra del crimen. Esta misma la cuál no es sólo en México, sino en toda América Latina ha quedado demostrado que si bien el uso de la fuerza es necesario en muchas circunstancias, no es una solución per se para la coyuntura de inseguridad de la región. El llamado de estas instituciones debe ser escuchado con atención por todos los gobiernos del área.
