Hace unos días, un incendio destruyó al menos 10 locales del mercado de Mejicanos. El incendio fue ocasionado durante la protesta de los vendedores de las calles por el desalojo de sus puestos de venta realizado por la alcaldía. Diez propietarios y sus familias perdieron su mercadería y su fuente de ingresos esa noche.
La indignación y las críticas no faltaron. Según la gente, esos vendedores eran delincuentes que atentaban contra el trabajo de otros vendedores honrados que sí pagan sus impuestos por tener un local en el mercado. Según la gente, una protesta no debía involucrar actos de vandalismo y daños a la propiedad municipal y esos vendedores debían irse de ahí por afear la ciudad. Todos fueron comentarios similares.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2013, se registró que el 66% de la Población Económicamente Activa vive del comercio informal, dos terceras partes de los capacitados para trabajar. Los motivos que llevan a las personas a trabajar de este modo son muchos. Hay unos más justificables que otros; por ejemplo: La falta de educación integral, la falta de empleos para cubrir la demanda, la poca o nula competencia laboral de la mayoría de la población, o simplemente la comodidad. Para muchas familias, el puesto en el mercado representa una especie de patrimonio familiar que heredarán a sus hijos y nietos, pese a estar ubicado en la calle en un espacio público. Es su único modo de vida.
Esas personas son vistas con recelo por la ciudadanía y las alcaldías. Aunque los vendedores de las calles madruguen para trabajar todos los días, muchos de ellos no pagan impuestos por el espacio que ocupan sin una correcta supervisión y control, lo que lleva a muchos a convertir el mercado en un sitio para el delito. Otros vendedores insultan a los peatones que, por evitar ser atropellados por vehículos, tienen que caminar cerca de sus cestos de mercadería puestos en la acera; y la mayoría usa el espacio público sin poner cuidado en la contaminación por basura y ruido generada por sus actividades.
Estas situaciones, más las protestas violentas, ubican a los vendedores como los malos de la situación, los casi delincuentes. Sin embargo, debemos considerar que muchos de ellos ignoran otras posibilidades de trabajo, simplemente no pueden abandonar la fuente de dinero de sus familias de golpe, o no cuentan con la educación suficiente para buscar un empleo formal, en la mayoría de casos.
Lo único que le queda hacer al Estado Salvadoreño es la inclusión de este sector en la actividad económica del país; darles la oportunidad de recibir beneficios (como pensiones) por su trabajo, y al mismo tiempo involucrarlos en la contribución tributaria. Hay que invitarlos a cumplir una responsabilidad. Se deben brindar espacios adecuados y supervisados para el desarrollo de sus actividades, promoviendo la capacitación técnica para trabajar en el mercado de manera eficiente y propositiva, y a largo plazo, darles a sus hijos una educación de calidad en la escuela pública.
Mientras El Salvador tenga gente con poca o nula competitividad laboral y no la suficiente generación de empleo digno, será difícil acabar con el desorden y reducir el número de vendedores de las calles. Mientras el mercado siga siendo el espacio de los marginados, los ingresos generados por este no acabarán con la pobreza del país. Los incendios, la quema de llantas y las protestas y la informalidad seguirán robando espacio en la calle.
¿Qué opinan ustedes?
